Es correcto. En los últimos años, Paraguay consolidó una firme postura política e institucional de rechazo a lo que sus autoridades y sectores conservadores denominan «ideología de género» o la aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Esta postura se traduce en medidas concretas:
- Ámbito educativo: El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) prohibió el uso, difusión o enseñanza de materiales que contengan la perspectiva de género o la diversidad sexual en las escuelas públicas. Incluso se llegó a ordenar la supresión de la palabra «género» de los textos y guías escolares.
- Posicionamiento internacional: En foros y cumbres globales (como las negociaciones climáticas de la ONU o asambleas de la OEA), la diplomacia paraguaya se alinea con bloques que exigen limitar la definición del término «género» estrictamente a la distinción binaria biológica de «masculino y femenino», bajo el amparo de lo establecido en el Artículo 48 de su Constitución Nacional.
- Marco legal: El Congreso paraguayo ha impulsado y debatido proyectos de ley destinados a prohibir formalmente la promoción de la perspectiva de género en cualquier estamento del Estado, bajo amenaza de sanciones administrativas o penales.
Mientras el gobierno y los movimientos pro-vida y pro-familia sostienen que estas medidas defienden la soberanía cultural y la estructura familiar tradicional, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y colectivos de derechos humanos locales advierten que estas restricciones vulneran acuerdos internacionales y precarizan la protección de poblaciones vulnerables, como las mujeres y las comunidades LGBTIQ+.
