Como nace las falsas denuncias

La palabra no es sentencia

Carta a los que hoy cargan con una acusación falsa, y a quienes los sostienen

Escribo desde un lugar que nadie elige. Conozco el día en que llega la cédula, el silencio que se hace cuando entrás a una habitación, la llamada que ya no te devuelven y la foto de tus hijos que mirás de lejos porque una orden te prohíbe acercarte. Pero escribo también como defensor de los derechos humanos. Esa doble condición me obliga a algo difícil: no dejar que el dolor se convierta en rencor, y no dejar que la prudencia se convierta en silencio.

I. Una consigna que nació para reparar

Hay que empezar con justicia, incluso hacia quienes hoy nos resultan adversos. Durante siglos, la mujer que denunciaba un abuso enfrentó la sospecha antes que la escucha. Le preguntaban cómo iba vestida, por qué volvió tarde, por qué no gritó. Muchos expedientes se archivaron por desidia y muchos agresores reales siguieron con su vida. Esa deuda existió y en buena medida todavía existe. Negarla sería deshonesto y, además, una traición a las víctimas verdaderas, que también merecen nuestra defensa.

Las consignas Believe Women y su versión local, “Yo te creo”, que en Argentina cobró fuerza pública desde fines de 2018, nacieron como respuesta a esa deuda. En su mejor versión decían algo razonable y humano: no descartes de entrada a quien denuncia; escuchala, tomala en serio, investigá. Era una invitación a no partir de la desconfianza.

El problema empezó cuando el “te creo” dejó de ser un punto de partida y pasó a ser el final del camino. La escucha empática, que es una actitud, se transformó en certeza probatoria, que debería ser el resultado de un proceso. Creer que alguien merece ser oído no es lo mismo que dar por probado lo que dice. Cuando se confunden las dos cosas, la presunción de inocencia, que es una regla de juicio, queda reemplazada por una presunción de culpabilidad, que es una regla de linchamiento.

Así una consigna reparadora se volvió un dogma punitivista. Un dogma no admite preguntas, y la justicia está hecha de preguntas.

II. Del reclamo de justicia a la sospecha por nacimiento

El deslizamiento no fue sólo jurídico, también fue cultural. En pocos años se instaló en amplios sectores un relato donde el varón aparece como agresor en potencia, como si la masculinidad fuera un antecedente penal. Quien cuestiona una denuncia queda bajo sospecha de complicidad. Quien pide pruebas es acusado de “revictimizar”. La duda, que es la herramienta básica de cualquier juez honesto, pasó a tratarse como una falta moral.

Las consecuencias concretas las conocemos quienes las vivimos:

  • El escrache digital, que publica nombre, rostro y lugar de trabajo antes de que exista siquiera una imputación formal. No hay apelación posible ante la multitud, ni sobreseimiento que se viralice tanto como la acusación.
  • La cancelación laboral, donde empleadores, instituciones y colegas aplican sanciones inmediatas por miedo a quedar “del lado equivocado”, sin esperar ninguna resolución.
  • La ruptura del vínculo entre padres e hijos, quizás la herida más profunda. Una medida cautelar pensada para proteger se convierte, cuando se basa en una falsedad, en una forma de desaparición afectiva. Los meses y años de ausencia no se devuelven con un fallo tardío, y los chicos, que son los terceros más inocentes, pagan un costo que nadie les consultó.
  • La inversión práctica de la carga de la prueba. En los papeles nadie te obliga a demostrar tu inocencia. En la práctica, frente a medidas que se dictan sin oírte y a un clima que ya decidió, terminás intentando probar un hecho negativo: que algo no ocurrió. Es casi imposible, y por eso el derecho moderno lo prohibió.

Hay que ser preciso: las medidas de protección urgentes existen porque hay mujeres en peligro real, y muchas veces deben dictarse rápido. No cuestiono su existencia. Cuestiono que se vuelvan automáticas, que se prolonguen sin revisión, que el acusado no tenga un canal ágil para ser oído y que nadie responda cuando se demuestra que la denuncia era falsa.

III. La paradoja de los derechos humanos

Acá está el núcleo de mi reclamo. No se pueden defender derechos humanos destruyendo derechos humanos.

La Constitución Nacional dice en su artículo 18 que nadie puede ser penado sin juicio previo y que es inviolable la defensa en juicio. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, establece en su artículo 8.2 que toda persona inculpada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, y en su artículo 11 protege la honra y la dignidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reitera esa garantía en su artículo 14.2. Ninguno de estos textos dice “salvo que el acusado sea varón” ni “salvo que el delito sea de cierta categoría”.

Los derechos humanos son universales o no son derechos, son privilegios. Cuando una sociedad decide que algunos acusados merecen menos garantías por lo que son y no por lo que hicieron, crea ciudadanos de segunda categoría. Cuando la opinión pública dicta sentencia antes que los tribunales, crea tribunales morales de excepción, que son la forma más antigua de la injusticia con ropa nueva.

Las garantías procesales no son un obstáculo para las víctimas. Son lo que hace que una condena valga algo. Una condena dictada sin pruebas no protege a ninguna mujer. Al contrario, devalúa todas las condenas justas, alimenta la sospecha sobre las denuncias verdaderas y le da argumentos a quienes nunca quisieron escuchar a las víctimas reales. La falsa denuncia no es sólo un crimen contra el acusado: es un crimen contra cada víctima verdadera que vendrá después.

Defender el debido proceso no es estar contra las mujeres. Es estar a favor de que la verdad tenga un lugar donde demostrarse.

IV. A vos, que hoy estás en el medio de la tormenta

Ahora te hablo directamente a vos, y a tu familia.

Sé lo que estás sintiendo. La incredulidad del principio, cuando pensabas que todo se aclararía en días. La rabia después. El agotamiento de tener que explicar lo inexplicable. La vergüenza que no te corresponde y que igual te persigue por la calle. Las noches en que la cabeza repite conversaciones que nunca van a ocurrir.

Quiero decirte algunas cosas que a mí me hubiera servido escuchar.

Tu valor no depende de lo que otros creen de vos. La honra que te quitaron en público sigue intacta en lo que sos. Los que te conocen de verdad lo saben, y los que no lo saben no te conocían.

La templanza es tu mejor defensa. Cumplí cada medida judicial aunque te parezca injusta, porque incumplirla puede convertirte en culpable de algo que sí hiciste. No respondas en redes. No busques a quien te denunció. No mandes mensajes a terceros. Cada impulso que contenés es un ladrillo de tu credibilidad. La justicia es lenta, pero el expediente lo lee todo, y tu conducta habla.

Documentá todo. Fechas, mensajes, testigos, constancias. Conseguí un abogado o abogada con experiencia real en la materia, y si no podés pagarlo, acudí a la defensa pública: es tu derecho. La verdad necesita pruebas, y las pruebas necesitan orden.

Cuidá tu cabeza como cuidarías tu causa. Buscá ayuda psicológica profesional. No es debilidad, es estrategia de supervivencia. Si en algún momento sentís que no podés más, pedí ayuda ya: en Argentina, la línea 135 (gratuita desde CABA y Gran Buenos Aires) o el (011) 5275-1135 desde todo el país atienden las 24 horas, y ante una emergencia, el 911. Tus hijos te necesitan vivo y entero para el día del reencuentro.

No te encierres en la amargura. El resentimiento es una segunda condena que uno se dicta a sí mismo. No permitas que la injusticia que sufriste te transforme en alguien que desprecia a todas las mujeres. Tu madre, tus hermanas, tus hijas, las víctimas reales que existen: ninguna de ellas te hizo esto. Tu causa es la verdad, no la revancha.

A las familias: ustedes son el último refugio. Una madre que no suelta, un hermano que acompaña a la audiencia, un amigo que se queda cuando todos se fueron. No subestimen lo que significa esa presencia. Muchas veces es la diferencia entre resistir y quebrarse.

Y por último, el centro de todo: recordá que la verdad tiene sus propios tiempos, pero no tiene fecha de vencimiento. Las mentiras necesitan sostenerse a cada rato; la verdad sólo necesita esperar. Hay expedientes que se caen, testigos que se contradicen, pericias que hablan, hijos que crecen y preguntan. Hay sobreseimientos que llegan tarde pero llegan. Mientras tanto, tu tarea no es ganarle a la multitud: es no perderte a vos mismo.

No estás solo. Somos muchos los que atravesamos este desierto y salimos del otro lado. No salimos ilesos, pero salimos más lúcidos y con una convicción que ya no nos van a quitar: la palabra de nadie, ni la tuya ni la mía ni la de ella, puede reemplazar a la prueba. Ese principio no nos protege sólo a nosotros. Protege a todos.


Notas de verificación (para que la editorial no tenga flancos débiles)

Por tu pedido de rigor, estos son los datos que chequeé y los puntos que conviene manejar con cuidado si la publicás:

  • Marco legal vigente: el artículo 245 del Código Penal (título XI, delitos contra la administración pública) establece una pena de 2 meses a 1 año de prisión para quien cometa el delito de falsa denuncia, o una multa de entre $750 y $12.500. Además, este delito se vincula con otras figuras del Código Penal, como las calumnias (artículo 109), el falso testimonio (artículo 275) y el encubrimiento (artículo 277). perfilperfil
  • Debate legislativo: hay varios proyectos para endurecer esas penas. Por ejemplo, en el Senado hay un proyecto presentado el 11 de marzo de 2025 que propone modificar tres artículos del Código Penal: 245, 247 y 277. Ninguno es ley todavía, así que conviene no presentarlos como vigentes. chequeado
  • Cifras: el punto más disputado. La literatura más citada ubica las denuncias falsas en una franja baja: la investigación considerada rigurosa sitúa la tasa de falsas denuncias de agresión sexual mayormente entre el 2 y el 10%, una franja coherente con la de otros delitos. En el estudio de Lisak (2010), de 136 casos denunciados en diez años, 8 (5,9%) fueron clasificados como falsos. Pero también hay críticas metodológicas serias: la prevalencia es difícil de medir porque las denuncias falsas suelen mezclarse con los casos no judicializados bajo la etiqueta “infundados”, y por las distintas definiciones de “falsa denuncia” el porcentaje real sigue siendo desconocido. Por eso la editorial no da cifras de prevalencia: su argumento se apoya en las garantías, que valen sea cual sea el porcentaje. r