Paraguay ha consolidado un giro político y legislativo muy marcado en su rechazo institucional a la perspectiva de género, sumándose formalmente a la corriente regional que encabezan gobiernos como el de Javier Milei en Argentina.
Este posicionamiento antipolíticas de género no es nuevo en Paraguay, pero se profundizó con medidas drásticas adoptadas a nivel gubernamental.
Los hitos principales de este alineamiento en el país vecino incluyen:
1. Eliminación total de la palabra «género» en la educación
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de Paraguay ordenó suprimir la palabra «género» de todos los materiales, textos y mallas curriculares de las escuelas públicas del país. Las autoridades justificaron la medida alegando que se debían retirar contenidos «adulterados» o que respondieran a lo que el gobierno y sectores conservadores denominan «ideología de género».
Antecedente: Esta medida radicalizó una resolución que ya existía desde 2017, la cual prohibía la difusión de materiales digitales o impresos sobre teoría de género en centros educativos, pero ahora se avanzó hacia una erradicación terminológica total.
2. Presión legislativa para una prohibición por Ley
En el Congreso paraguayo (con una fuerte mayoría del gobernante Partido Colorado), se debaten proyectos de ley que buscan prohibir por completo la promoción, el diseño o la ejecución de políticas públicas educativas que contengan perspectiva de género. Aunque estas iniciativas son duramente criticadas por organizaciones como Amnistía Internacional o el CLACSO —que advierten sobre un grave retroceso en los derechos de las infancias y las mujeres—, gozan de un enorme respaldo político y de grupos religiosos locales.
3. Sintonía política regional
El gobierno de Santiago Peña ha mantenido una agenda de fuerte corte tradicionalista y provida en los foros internacionales. El alineamiento con la postura de Argentina en esta materia refleja un eje regional en el Cono Sur que busca desmantelar la agenda de género en los organismos del Estado, argumentando la defensa de la «familia tradicional» y la soberanía educativa frente a lo que consideran imposiciones de organismos internacionales.
A pesar de esta ofensiva contra el concepto de «género» en las escuelas y ministerios políticos, persisten fuertes tensiones internas: instituciones como la Secretaría de Género del Poder Judicial o el propio Ministerio de la Mujer intentan mantener planes técnicos de equidad laboral o combate a la violencia doméstica, en medio de un clima político fuertemente hostil a esa terminología.
