Ministerio de la mujer

La gestión del actual gobierno en Argentina ha puesto el foco en las auditorías del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y las acusaciones sobre la veracidad de sus informes y el manejo de datos han sido un eje central de la polémica en 2026.

Aquí te detallo los puntos clave de las denuncias y lo que se ha verificado hasta el momento:

1. Auditorías y la «Caja» del Ministerio

El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona, presentó informes de auditoría tras el cierre del organismo (que primero fue degradado a subsecretaría y luego eliminado). Las acusaciones principales son:

  • Sobredimensionamiento de datos: El gobierno sostiene que el ministerio utilizaba estadísticas sesgadas para justificar presupuestos millonarios. Se cuestionó que se mezclaran casos de «violencia simbólica» con delitos graves para inflar los índices de riesgo.
  • Falta de trazabilidad: Las auditorías señalan que no había un seguimiento real de los casos. Se emitían informes de asistencia a miles de mujeres, pero el Ejecutivo actual afirma que muchas de esas asistencias eran llamados telefónicos únicos sin intervención posterior.

2. El Programa «Acompañar»

Uno de los puntos más sensibles es el programa Acompañar (una ayuda económica para víctimas de violencia):

  • La sospecha: El gobierno actual denunció que se otorgaban beneficios sin denuncias judiciales previas ni constatación real de abuso, basándose únicamente en informes sociales de organizaciones vinculadas al ministerio.
  • La acusación de «falsedad»: Se investiga si se «inventaban» perfiles de víctimas para desviar fondos públicos hacia militancia política, lo que se ha denominado coloquialmente en el debate público como «informes falsos».

3. La Postura de los Ex Funcionarios

Desde el entorno de la ex gestión y organismos de DD.HH. rechazan estas acusaciones:

  • Sostienen que la violencia de género es un fenómeno complejo que no siempre se traduce en una denuncia judicial inmediata (debido al miedo o la dependencia económica).
  • Argumentan que los informes sociales tenían validez técnica y que el gobierno actual utiliza estas denuncias para desmantelar políticas de protección necesarias, basándose en casos aislados de irregularidades para invalidar todo el sistema.

4. Judicialización

Existen varias causas abiertas para determinar si hubo malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

  • Punto de conflicto: Mientras el gobierno habla de «fraude ideológico» e informes inventados, la justicia debe determinar si hubo dolo (intención de mentir para robar) o si se trató de una diferencia de criterio metodológico en cómo se recolectaban los datos de abuso.

En resumen: No hay una sentencia judicial firme que diga que todos los informes eran falsos, pero el Gobierno Nacional ha presentado pruebas de graves irregularidades administrativas y discrecionalidad en la carga de datos, lo que ha alimentado la narrativa de que el organismo funcionaba más como un ente de propaganda y financiamiento político que como una herramienta de protección real.