Anatomía de una falsa denuncia

La anatomía de la sospecha: cuando la palabra sustituye a la prueba

I. Introducción: el teatro de las sombras procesales

El proceso penal moderno se pensó como una máquina para fabricar certezas. Recibe un relato, lo pasa por el tamiz de la prueba y, si todo sale bien, devuelve una verdad que puede ponerse a la luz sin que se le note el remiendo. Esa era la promesa ilustrada: el juez como un cartógrafo que reconstruye el territorio del pasado a partir de huellas y no de rumores.

Pero toda máquina tiene su revés. Kafka abrió El proceso (1925) con una frase que todavía hoy suena a diagnóstico clínico: alguien debía de haber calumniado a Josef K., porque una mañana lo detuvieron sin que hubiera hecho nada malo. La novela entera es la crónica de un hombre que busca el hecho del que se lo acusa y solo encuentra pasillos, oficinas y una sospecha que se alimenta de sí misma. K. nunca conoce su culpa. El tribunal tampoco: no la necesita.

La falsa denuncia es la versión doméstica y contemporánea de ese laberinto. No requiere tribunales secretos ni buhardillas polvorientas. Le alcanza con algo mucho más modesto y mucho más eficaz: que la palabra ocupe el sitio que le correspondía a la prueba. Este ensayo intenta disecar ese desplazamiento a través de cuatro categorías que el lenguaje cotidiano confunde con alegría y que el derecho penal no puede darse el lujo de confundir: el hecho, la opinión, la interpretación y la creencia.

II. Las cuatro vísceras de la sospecha

1. El Hecho: la piedra angular desterrada

El hecho es lo que ocurrió, haya o no alguien que lo cuente. Es indiferente a nuestros deseos, a nuestros miedos y a nuestras alianzas. Una puerta se abrió o no se abrió. Un golpe dejó una marca o no la dejó. Hubo un llamado a las 23:14 o no lo hubo. El hecho tiene la insolencia de las piedras: está ahí y no pide permiso.

Por eso el derecho penal lo convirtió en su única materia legítima. No se juzga a las personas por lo que son ni por lo que se dice que son, sino por lo que hicieron, y solo si eso que hicieron puede demostrarse. Es lo que la doctrina llama derecho penal de acto, por oposición al derecho penal de autor. Y es lo que en Argentina sostienen el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional: toda persona inculpada se presume inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

En la falsa denuncia, el hecho sufre una de dos amputaciones. O no existe en absoluto, y entonces el expediente es un edificio levantado sobre el vacío. O existió algo, un conflicto o una discusión, y fue mutilado y reensamblado hasta parecer otra cosa. En ambos casos, el sistema enfrenta la misma tentación: dar el hecho por supuesto porque alguien lo afirma con suficiente convicción. Cuando un tribunal deja de exigir la comprobación fáctica, no se vuelve más compasivo. Se vuelve más arbitrario. Y la arbitrariedad, como sabía K., no distingue entre culpables e inocentes: los procesa a todos con la misma indiferencia administrativa.

2. La Opinión: el disfraz de la certeza

La opinión es un juicio de valor. “Es un hombre violento”, “siempre fue manipulador”, “se le nota en la mirada”. Ninguna de esas frases describe un suceso. Califican a una persona, y una calificación no es verificable en el sentido en que lo es un hecho: no hay pericia que mida la “violencia de una mirada”.

El problema empieza cuando la opinión se viste de testimonio. En sede judicial, el testigo debe declarar sobre lo que percibió con sus sentidos, no sobre lo que piensa del imputado. Pero la frontera es porosa, y la opinión tiene una estrategia infalible: la repetición. Dicha una vez es un parecer. Dicha diez veces por diez personas, en un expediente y en una red social, empieza a sonar como un dato. La cantidad imita a la calidad. El coro sustituye a la evidencia.

La opinión, además, es contagiosa en el espacio mediático, donde la condena social suele llegar antes que la indagatoria y casi nunca se retracta después del sobreseimiento. Un juez puede absolver. Un algoritmo, no.

3. La Interpretación: el prisma deformante

Entre el hecho bruto y la opinión desnuda está la interpretación, que es la operación más humana y más peligrosa de las cuatro. Interpretar es asignar sentido. Un silencio puede ser respeto, miedo, cansancio o desprecio. Una mano en el hombro puede ser consuelo o amenaza. Un mensaje de WhatsApp que dice “después hablamos” puede ser una tregua o un presagio.

La psicología cognitiva tiene un nombre para la forma en que este prisma se curva: sesgo de confirmación. Es la tendencia, documentada de manera extensa (Nickerson, 1998, Review of General Psychology), a buscar, recordar y valorar la información que confirma lo que ya creemos, y a descartar la que lo contradice. Una vez que la hipótesis de culpabilidad se instala, cada gesto neutro se relee como indicio. El pasado se reescribe hacia atrás: lo que ayer fue una discusión de pareja hoy es “el primer episodio de un patrón”.

El peligro jurídico es confundir hermenéutica con constatación. Interpretar un hecho supone que el hecho está probado. Lo que la falsa denuncia suele hacer es invertir el orden: primero ofrece la interpretación y después la usa como prueba de que el hecho ocurrió. Es un círculo perfecto y, como todo círculo perfecto, no tiene salida.

4. La Creencia: el dogma inquisitorial

Llegamos a la última víscera, la más profunda. La creencia no es una afirmación sobre el mundo sino una disposición del ánimo a tener algo por verdadero, con o sin razones. Uno puede creer con fundamento o sin él. Lo propio de la creencia es que no necesita la prueba para sostenerse. A veces incluso se fortalece cuando la prueba falta, porque la ausencia de evidencia se lee como astucia del acusado.

Ahí el proceso penal retrocede siglos. El sistema inquisitivo funcionaba precisamente así: la sospecha era el punto de partida y el procedimiento servía para confirmarla, no para ponerla a prueba. La confesión era la reina de las pruebas porque cerraba el círculo de la creencia con la voz del propio acusado. La garantía moderna del in dubio pro reo existe para romper ese círculo: si después de producida toda la prueba persiste la duda razonable, la duda beneficia al imputado. No porque el sistema crea en su inocencia, sino porque el Estado no puede castigar sobre la base de lo que cree.

Cuando una creencia (sobre un género, una clase de personas, un tipo de vínculo) se instala como premisa previa al caso, el juicio deja de ser una investigación y se convierte en una liturgia. Las pruebas no se evalúan: se administran. Las que confirman entran al altar. Las que contradicen se archivan como “intentos de revictimización” o “estrategias de la defensa”. El dogma no refuta: excomulga.

III. La superposición: cómo las cuatro se vuelven una

El drama de la falsa denuncia no está en ninguna de las cuatro categorías por separado, sino en su fusión. El mecanismo suele seguir una secuencia reconocible:

  1. Una creencia previa (“los hombres como él son peligrosos”) prepara el terreno.
  2. Una interpretación relee hechos neutros a la luz de esa creencia.
  3. La opinión se repite hasta adquirir el peso de un dato.
  4. El hecho, la única categoría que podía desmentir a las otras tres, queda fuera del expediente o aparece como supuesto, nunca como demostrado.

Así la palabra, que en el proceso debía ser el vehículo de la prueba, termina siendo su sustituto. Y el principio de inocencia, que debía funcionar como regla de juicio, queda reducido a una cláusula ornamental.

IV. Epílogo: la ética de la duda

Este ensayo correría el riesgo de cometer el mismo error que denuncia si no dijera algo con la misma claridad: la existencia de denuncias falsas no autoriza a sospechar de todas las denuncias. La mayoría de quienes denuncian violencias lo hacen porque las sufrieron, y para ellas el proceso también puede ser un laberinto kafkiano. Además, la magnitud estadística de las falsas denuncias es objeto de disputa metodológica, y no hay cifras de consenso que permitan generalizar en un sentido ni en otro. Exigir la prueba del hecho no es desconfiar de la víctima: es la única manera de que su verdad, cuando existe, no pueda confundirse con una mentira.

El ordenamiento argentino reconoce las dos caras del problema. Castiga a quien denuncia falsamente un delito ante la autoridad (art. 245 del Código Penal) y, al mismo tiempo, impone al Estado la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Ambas normas descansan sobre el mismo fundamento: la verdad procesal no se decreta, se demuestra.

Borges imaginó un mapa del imperio tan detallado que coincidía punto por punto con el territorio, y por eso mismo resultaba inútil. La falsa denuncia es el fenómeno inverso: un mapa sin territorio, un relato que no remite a ningún hecho y que, sin embargo, pretende gobernar la vida de un hombre real. La tarea del derecho, entonces, es la más modesta y la más heroica de todas: preguntar siempre, con terquedad de piedra, qué pasó. No qué se dice, ni qué se interpreta, ni qué se cree. Qué pasó.