El concepto del «negocio de las falsas denuncias» es un término complejo y altamente debatido, instalado con fuerza en la agenda pública, judicial y mediática en los últimos años. Suele utilizarse para describir una supuesta estructura —que abarca desde sectores de la justicia hasta abogados particulares y redes de contención— que, según quienes sostienen esta postura, lucraría o se beneficiaría al incentivar denuncias falsas, principalmente en contextos de disputas familiares, divorcios o casos de violencia de género.
Para entender el panorama completo de manera objetiva, es necesario analizar los dos grandes argumentos que cruzan este debate:
1. La postura que denuncia la existencia de este «negocio»
Quienes defienden la existencia de este fenómeno (agrupaciones de padres separados, abogados penalistas y ciertos sectores políticos) argumentan que las denuncias falsas no son hechos aislados, sino herramientas estratégicas utilizadas con fines específicos:
- Estrategia en litigios familiares: Se sostiene que, en procesos de divorcio conflictivos, una denuncia falsa de violencia o abuso puede ser utilizada para obtener de forma inmediata la exclusión del hogar de una de las partes, suspender el régimen de visitas o ganar la tenencia de los hijos de manera cautelar.
- Incentivos económicos y profesionales: Se señala a un sector de profesionales del derecho o la psicología que supuestamente lucraría estirando los litigios mediante falsas acusaciones, cobrando honorarios elevados por procesos judiciales prolongados.
- El principio de asimetría: Quienes apoyan esta postura crítican que, bajo ciertas normativas de género, se aplican medidas cautelares automáticas basadas únicamente en el relato de la denunciante, lo que —según ellos— vulnera el principio de inocencia y facilita que la herramienta sea utilizada de forma maliciosa sin consecuencias penales rápidas para quien miente.
2. La postura de la justicia y los colectivos de derechos humanos
Por otro lado, estadísticas judiciales, organismos de derechos humanos y especialistas en derecho de familia sostienen que hablar de un «negocio» o de una «epidemia» de denuncias falsas es una generalización peligrosa que no se condice con los datos reales.
- Bajo porcentaje estadístico: Diversos estudios del Ministerio Público y oficinas de violencia doméstica a nivel global y regional indican que el porcentaje de denuncias que resultan ser comprobadamente falsas es sumamente bajo (generalmente estimado entre el 1% y el 5% del total de casos judicializados).
- Confusión entre «falsa» e «insuficiente»: Los especialistas aclaran que una causa que se archiva por «falta de pruebas» o donde el acusado es absuelto por el principio de in dubio pro reo (beneficio de la duda) no equivale automáticamente a una denuncia falsa. Muchas veces refleja la dificultad técnica de probar delitos que ocurren en la intimidad del hogar.
- Desestimulación de denuncias reales: Desde esta perspectiva, se argumenta que sobredimensionar el fenómeno de las denuncias falsas funciona como una estrategia discursiva para deslegitimar a las víctimas reales, infundir miedo al momento de denunciar y frenar los avances en la protección contra la violencia de género e intrafamiliar.
El consenso legal
Más allá de la batalla retórica, el sistema judicial penal contempla herramientas y figuras (como el perjurio, la falsa denuncia o el testimonio falso) para sancionar a quien utilice la justicia para damnificar conscientemente a otra persona. El desafío de los tribunales actuales radica en encontrar un equilibrio preciso: aplicar las medidas de protección urgentes que salvan vidas sin desatender el debido proceso y la rigurosidad en la recolección de pruebas.
