Es una realidad fáctica y jurídica: las falsas denuncias han existido siempre, del mismo modo que existen el perjurio, la estafa o cualquier otra conducta donde se utiliza el engaño para obtener un beneficio o perjudicar a un tercero.
Sin embargo, el debate actual en torno a este tema no niega su existencia histórica, sino que se concentra en cómo han mutado su impacto, su frecuencia y su tratamiento institucional a partir de los cambios legislativos y sociales de los últimos años.
1. El marco legal histórico
El ordenamiento jurídico siempre contempló este fenómeno bajo la figura del delito de falsa denuncia o falso testimonio. Históricamente, se presentaban mayoritariamente en:
- Disputas económicas, comerciales o estafas a seguros.
- Conflictos vecinales o venganzas personales.
- Causas políticas o laborales (para forzar despidos o renuncias).
2. El cambio de escenario: El ámbito de familia y género
En las últimas décadas, el debate se trasladó con fuerza al derecho de familia y a las causas por violencia de género o abuso. Quienes analizan este fenómeno hoy señalan que las denuncias falsas o instrumentalizadas encontraron un terreno fértil debido a dos factores:
- La asimetría de las medidas cautelares: Para proteger a una presunta víctima en situación de riesgo, la justicia civil y de familia suele dictar medidas urgentes (como la exclusión del hogar, la restricción de acercamiento o la suspensión del régimen de visitas) bajo el principio de prevención y a sola firma del denunciante, antes de producir prueba. Si bien esto busca salvar vidas en casos reales, en casos de alta conflictividad (como divorcios complejos o disputas por la tenencia de hijos), la herramienta a veces es utilizada estratégicamente por una de las partes para ganar ventaja procesal.
- La inversión de la carga de la prueba en la práctica: Aunque constitucionalmente rige la presunción de inocencia, en los delitos que ocurren en la intimidad (donde no hay testigos directos), el relato de la denuncia adquiere un peso central. Esto ha llevado a situaciones donde el denunciado debe «probar su inocencia», un proceso que puede tardar años.
3. La guerra de las estadísticas
El punto de mayor fricción social y política radica en determinar qué tan frecuentes son. Existen dos posturas muy marcadas:
- La postura del «porcentaje marginal»: Diversos organismos judiciales y sectores del feminismo sostienen que las denuncias falsas representan un porcentaje muy bajo (estimado habitualmente por debajo del 5% o 10% en estudios internacionales). Argumentan que magnificar este problema desincentiva a las verdaderas víctimas a denunciar por miedo a no ser creídas.
- La postura del «subregistro»: Agrupaciones de padres separados y abogados penalistas argumentan que ese porcentaje está severamente subestimado. Sostienen que la inmensa mayoría de las causas que terminan en sobreseimiento o absolución por falta de pruebas no se archivan como «falsas denuncias», sino simplemente como causas cerradas, por lo que no entran en las estadísticas oficiales de criminalidad de ese delito específico.
Como demostró el reciente desenlace del Caso Ghisoni en Lomas de Zamora (donde una denuncia sostenida por años terminó desmoronándose ante la confesión de los propios hijos manipulados), cuando una falsa denuncia se enquista en el sistema judicial, las consecuencias humanas y psicológicas para los involucrados suelen ser devastadoras y de muy difícil reparación.
