El caso del pequeño Ángel López, de 4 años, asesinado en Comodoro Rivadavia en abril de 2026, ha generado una fuerte reacción institucional contra los responsables de haberlo restituido a su madre biológica, donde sufrió los maltratos que le causaron la muerte.
Aquí te detallo las acciones legales y administrativas que se están tomando contra el juez y el equipo técnico:
1. Intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI)
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ) ordenó por unanimidad la intervención por 60 días de todo el equipo de psicólogas y trabajadores sociales (el ETI) que intervino en el caso.
- Auditoría Integral: Se ha designado a una camarista para liderar una auditoría que determine si el equipo cumplió con sus funciones o si hubo negligencia profesional al recomendar la revinculación.
- Informes semanales: El tribunal exige reportes constantes sobre el desempeño del área para evaluar si hubo fallas sistémicas.
2. Situación del Juez Pablo Pérez
Aunque el juez Pablo Pérez es quien firmó la resolución de restitución del menor, su situación actual es de un escrutinio extremo:
- Críticas por la Ley Lucio: Se le cuestiona duramente por no haber aplicado los protocolos de la Ley Lucio, que exige una mirada integral sobre el interés superior del niño y la capacitación obligatoria en violencia contra la niñez.
- Pedido de Juicio Político: Diversos sectores sociales y la querella han comenzado a impulsar pedidos para que el Consejo de la Magistratura evalúe su desempeño, señalando que ignoró informes previos (como los escolares) que indicaban que el niño estaba bien con su padre y se resistía al cambio de custodia.
3. Argumentos de la Acusación
La justicia y los abogados del padre (Luis López) sostienen que:
- Omisión de pruebas: El juez y las psicólogas habrían ignorado videos y testimonios donde el niño manifestaba miedo y angustia antes de ser entregado.
- Falsas denuncias: Se investiga si el equipo técnico validó denuncias de la madre sin el debido rigor, lo que facilitó el retiro del niño del hogar de su padre.
Resumen del estado de la causa penal
Mientras se investiga la responsabilidad de los funcionarios, la causa principal avanza:
- Mariela Altamirano (madre): Imputada por homicidio agravado por el vínculo y omisión.
- Michel González (padrastro): Imputado por homicidio simple.
- Prisión preventiva: Ambos cumplen actualmente 6 meses de prisión preventiva dictados a mediados de abril de 2026.
Este caso ha sido comparado directamente con el de Lucio Dupuy, poniendo nuevamente en debate la responsabilidad de los jueces y equipos técnicos que, por una visión «biologicista» de la maternidad, terminan exponiendo a menores a situaciones de peligro mortal.