Efectivamente, la Cámara de Diputados de La Pampa rechazó recientemente el proyecto de ley que buscaba crear un registro y establecer sanciones específicas para las «falsas denuncias» en casos de violencia de género y maltrato infantil.
El debate fue intenso y la decisión de no avanzar con la norma se basó en varios puntos jurídicos y políticos clave:
Razones del rechazo en la Legislatura
El bloque mayoritario y diversos organismos de derechos humanos argumentaron que el proyecto presentaba serias inconsistencias:
- Inconstitucionalidad: Se argumentó que la provincia no tiene facultades para legislar sobre tipos penales (como el falso testimonio o la denuncia falsa), ya que eso es competencia exclusiva del Congreso de la Nación a través del Código Penal.
- Obstáculo al acceso a la justicia: Legisladores y organizaciones civiles (como el Colectivo de Mujeres) señalaron que una ley de este tipo podría generar un «efecto disuasorio» o «miedo» en las víctimas reales, evitando que denuncien por temor a ser denunciadas ellas mismas si no logran probar el hecho.
- Superposición legal: Los diputados que votaron en contra sostuvieron que ya existen herramientas en el Código Penal argentino para castigar la «falsa denuncia» y el «falso testimonio» (Artículos 245 y 275), por lo que una ley provincial sería redundante.
El contexto del proyecto
El proyecto había sido impulsado principalmente por sectores vinculados a organizaciones de «Padres Autoconvocados» y referentes que critican el funcionamiento actual de la justicia de familia.
- Vínculo con el caso Lucio Dupuy: Los impulsores utilizaban como argumento que en casos de alta conflictividad familiar se utilizan denuncias sin sustento para impedir el contacto de los hijos con uno de los progenitores.
- Posición de la oposición: Algunos sectores de la oposición pampeana apoyaban la iniciativa argumentando que era una herramienta necesaria para frenar el «abuso de derecho» en los procesos de divorcio y custodia.
Situación actual
Tras el rechazo en comisiones y en el recinto, el proyecto ha quedado archivado. Esto significa que no podrá volver a tratarse durante el presente período legislativo a menos que se presente una propuesta sustancialmente diferente.
La Pampa se suma así a otras provincias donde proyectos similares han fallado al chocar con el principio de que las provincias no pueden modificar o «añadir» castigos a delitos que ya están regulados a nivel nacional.