La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ha emitido recientemente un fallo relevante que anula parcialmente una condena por abuso sexual, centrándose en cuestiones técnicas sobre los agravantes aplicados.
El fallo, con fecha de resolución final en los últimos meses (noviembre de 2025/enero 2026), analiza la sentencia dictada originalmente por la Cámara Penal Conclusional.
Puntos clave del fallo
- Anulación de Agravantes: La Corte resolvió anular la parte de la sentencia que aplicaba la figura del abuso sexual agravado. El argumento principal fue que no se cumplían los requisitos legales estrictos para considerar la agravante de «aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente».
- Principio de Legalidad: El Máximo Tribunal provincial advirtió que el tribunal de primera instancia realizó una «interpretación extensiva» de la norma en contra del imputado, lo cual vulnera el derecho de defensa y el principio de legalidad penal.
- Cuestionamiento de la Prueba: La defensa logró demostrar que existían contradicciones en cómo se valoró el testimonio de la víctima para algunos hechos pero no para otros, lo que, según la Corte, restaba coherencia y certeza a la condena agravada.
Contexto de otras nulidades recientes
Es importante mencionar que este no es un caso aislado de revisiones técnicas en Tucumán:
- Participación por Videollamada: En abril de 2025, otra condena de 15 años fue anulada porque uno de los jueces participó mediante videollamada sin que existiera una justificación legal válida (como riesgo de salud), lo que obligó a realizar un nuevo juicio.
- Prescripción: La Corte Suprema de la Nación también ha intervenido recientemente en causas de Tucumán (julio de 2025), anulando fallos que declaraban imprescriptibles abusos antiguos cometidos por ministros de culto, reafirmando que el principio de legalidad prevalece incluso sobre el interés superior del niño si la ley vigente al momento del hecho no lo preveía de otro modo.
Este tipo de fallos suelen generar mucha controversia social porque, aunque se basan en garantías constitucionales del proceso, a menudo son percibidos como retrocesos en la búsqueda de justicia para las víctimas.
