Proyecto de ley

El proyecto de ley impulsado por la senadora santafesina Carolina Losada (S-0228/25) busca reformar el Código Penal argentino para endurecer las penas relacionadas con las falsas denuncias y el falso testimonio, con foco específico en acusaciones sobre violencia de género y delitos contra la integridad sexual o contra menores.

Ejes principales de la propuesta

  1. Aumento de penas por falsa denuncia:
    • Modifica el artículo 245 del Código Penal. La pena general por falsa denuncia es de 1 a 3 años, pero el proyecto impone penas agravadas de 3 a 6 años de prisión cuando la falsa denuncia se realice en contextos de violencia de género, agresiones sexuales o contra menores.
  2. Agravantes en falso testimonio y encubrimiento:
    • Establece mayores escalas penales para quienes mientan como testigos o peritos en causas ligadas a estos delitos.
  3. Fundamentación planteada:
    • Según el proyecto, se busca proteger a personas indebidamente acusadas que sufren escraches, pérdidas laborales, daños psicológicos o privación de contacto con sus hijos, así como evitar un uso indebido de los recursos judiciales y asistenciales del Estado.

Controversia y críticas al proyecto

La iniciativa ha provocado un intenso debate social, legislativo e internacional:

  • Objeciones jurídicas y de derechos humanos: Diversas organizaciones (como ELA), juristas y redes académicas remarcan que la falsa denuncia ya está tipificada en el Código Penal argentino. Advierten que elevar las penas para estas áreas específicas genera un efecto amedrentador que desalienta a víctimas reales de abusos e infancias a acudir a la Justicia por temor a ser imputadas si la denuncia no logra probarse plenamente.
  • Posición de organismos internacionales: Organismos de la ONU y el Comité de Expertas del Mesecvi de la OEA señalaron que la propuesta entraña un riesgo de regresión en el derecho de acceso a la justicia y de contradicción con tratados internacionales de protección contra la violencia de género.
  • Presentaciones judiciales: Referentes de derechos humanos y profesionales del ámbito jurídico y de la salud llegaron a interponer denuncias contra la senadora argumentando que la campaña comunicacional promovía mitos y ejercía coacción indirecta sobre peritos y denunciantes.

Actualmente, aunque la iniciativa obtuvo dictamen en comisiones con el apoyo del oficialismo nacional, su discusión en el recinto ha generado fuertes objeciones y cruces parlamentarios.