Ese pedido de pena forma parte de una de las reformas más severas que se debaten actualmente en el Congreso de la Nación, impulsada por los sectores que buscan frenar el avance de las denuncias falsas, especialmente en contextos de disputas por la tenencia de hijos.
El texto de la propuesta legislativa establece una escala penal rigurosa y un abordaje directo sobre los profesionales que intervienen en estos procesos:
El esquema de penas propuesto
- Pena base de 3 a 8 años: El proyecto modifica el artículo 245 del Código Penal, elevando la pena de prisión a un rango de 3 a 8 años para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad.
- Agravante por el tipo de delito (Hasta 10 años): Si la falsa acusación involucra delitos graves como abuso sexual, violencia de género o violencia intrafamiliar, la pena mínima se eleva considerablemente, pudiendo llegar a un máximo de 10 años de prisión.
- Pérdida de la responsabilidad parental: El proyecto estipula que, si se comprueba judicialmente la falsedad de la denuncia, la persona denunciante perderá de forma automática la responsabilidad parental (patria potestad) sobre los hijos en común, buscando así desalentar el uso de estas herramientas en litigios de divorcio.
Sanciones a los profesionales implicados
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es que no solo castiga a quien realiza la denuncia, sino también al entorno técnico que la respalda. El proyecto propone penas de prisión e inhabilitación profesional efectiva para:
- Psicólogos y médicos que emitan informes o certificados falsos para sostener la acusación.
- Abogados patrocinantes que impulsen la denuncia sabiendo que los hechos no ocurrieron, considerándolos penalmente coautores o partícipes necesarios del delito de estafa procesal y falso testimonio.
