Activismo de padres

Es un tema que está en el centro del debate público y legislativo en Argentina, impulsado tanto por agrupaciones civiles como por proyectos en el Congreso Nacional.

Este movimiento creció a partir de la organización de familiares (muchas de ellas madres, esposas y hermanas de acusados) reunidas en agrupaciones como el Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias o el Observatorio de Falsas Denuncias. El eje de su reclamo se centra en defender las garantías constitucionales —como la presunción de inocencia y el debido proceso— ante lo que consideran un uso instrumental o abusivo de las leyes de protección de género en litigios familiares o divorcios conflictivos.

El fenómeno cobró fuerza institucional y se transformó en un intenso debate a raíz de dos ejes principales:

1. El debate legislativo en el Senado

La discusión se instaló formalmente en el Congreso de la Nación a partir de un proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, el cual busca modificar el Código Penal para endurecer fuertemente las penas por falsa denuncia y falso testimonio, introduciendo además sanciones específicas para profesionales de la salud, educación o el ámbito social si se determina que convalidaron una acusación falsa.

2. Posturas enfrentadas y datos oficiales

El avance de este activismo y del proyecto de ley generó una polarización marcada entre distintos sectores sociales y jurídicos:

  • Argumentos del activismo: Sostienen que las denuncias sin sustento o basadas en testimonios armados destruyen los vínculos familiares (especialmente el contacto de los padres con sus hijos), estigmatizan socialmente a personas inocentes y saturan los tribunales, perjudicando a quienes de verdad sufren violencia.
  • Argumentos de organizaciones de DD.HH. y feministas: Colectivos de abogadas, agrupaciones transfeministas y organismos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazan el proyecto de ley. Advierten que instalar la sospecha generalizada sobre la palabra de la víctima funciona como un «bozal legal» o un mecanismo de desincentivo, infundiendo temor a denunciar abusos reales o violencia de género por miedo a ser perseguidas penalmente.
  • Los números del debate: Un informe oficial que relevó datos en 17 jurisdicciones judiciales del país determinó que, si bien las presentaciones catalogadas penalmente como falsas denuncias aumentaron en los últimos dos años, a nivel general representan un porcentaje marginal del total de causas (menos del 0,1%). Quienes defienden el endurecimiento de penas argumentan que la cifra real es mayor pero no se investiga, mientras que los detractores señalan que el número demuestra que se legisla sobre un «falso problema» que pone en riesgo los avances en protección de las infancias y las mujeres.