El rol de los jueces y fiscales está en el centro de esta discusión, ya que sobre ellos recae la responsabilidad de equilibrar dos principios fundamentales del derecho: proteger a las víctimas de violencia y garantizar la presunción de inocencia de los acusados.
Cuando el sistema falla y se instrumentaliza una denuncia falsa, la mirada suele dirigirse hacia la actuación judicial. El debate actual gira en torno a varios factores críticos:
1. La presión social y el principio de precaución
Los operadores de justicia (jueces y fiscales) trabajan bajo una intensa presión mediática y social. En casos de violencia de género o abusos, el temor a cometer un error que ponga en riesgo la vida de una denunciante lleva a la aplicación estricta del principio de precaución.
- Medidas cautelares automáticas: Ante una denuncia, es habitual que se dicten de inmediato órdenes de alejamiento, desalojo del hogar o restricciones de custodia.
- El dilema: Si bien estas medidas salvan vidas en casos reales, cuando la denuncia es falsa, el acusado sufre un castigo severo y preventivo antes de que se investiguen a fondo los hechos.
2. El sesgo de credibilidad vs. la presunción de inocencia
Sectores críticos y asociaciones de afectados señalan que, en ocasiones, se produce una inversión de la carga de la prueba. Es decir, se asume la veracidad del testimonio de la denunciante de forma casi automática, obligando al hombre a demostrar su inocencia, lo cual vulnera las garantías procesales básicas.
El estándar legal: El Tribunal Supremo de diversos países hispanohablantes ha reiterado que la declaración de la víctima puede ser prueba suficiente para condenar, pero solo si cumple tres requisitos estrictos: ausencia de incredibilidad subjetiva (como venganza o despecho), persistencia en la incriminación y existencia de elementos corroborativos periféricos.
3. La falta de persecución de la mentira
Una de las principales quejas hacia los fiscales es la pasividad a la hora de actuar de oficio cuando se detecta un engaño evidente.
- Archivo no es condena: Cuando un juez archiva una causa por falta de pruebas, el proceso suele terminar ahí.
- El filtro de la malicia: Para que un fiscal acuse a alguien de denuncia falsa, debe demostrar que hubo «dolo directísimo» (intención explícita de mentir para dañar). Como esto es muy difícil de probar, la gran mayoría de las denuncias falsas o infundadas quedan sin castigo, generando una sensación de impunidad.
El debate sobre la formación y la asimetría penal
El debate sigue abierto en las escuelas judiciales sobre cómo formar a los magistrados. Por un lado, se exige mantener la perspectiva de género para no revictimizar a las mujeres; por otro, se reclama una perspectiva de infancia y de equidad para evitar que los procesos de divorcio o custodia se contaminen con falsas acusaciones utilizadas como estrategia procesal.
