Proyecto de falsas denuncias

Totalmente. El debate alrededor del proyecto de ley de «falsas denuncias» está en su punto más álgido en el Congreso de la Nación, cruzando fuertes posiciones políticas, judiciales y sociales.

La iniciativa —impulsada originalmente por la senadora Carolina Losada (UCR) junto al apoyo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona— avanzó formalmente tras obtener dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, quedando a las puertas de ser tratada en el recinto.

¿Qué propone el proyecto concretamente?

El objetivo central es reformar los artículos del Código Penal que regulan los delitos de falsa denuncia (Art. 245) y falso testimonio (Art. 275) para endurecer drásticamente los castigos, introduciendo agravantes específicos:

  • Subir las penas: Actualmente, la falsa denuncia es un delito menor con penas muy bajas (dos meses a un año de prisión). El proyecto busca llevar la escala general a un rango de 3 a 6 años de prisión, lo que la convertiría en una pena de cumplimiento efectivo (cárcel común).
  • Agravantes por el contexto: La iniciativa propone penas aún más altas —que en algunos borradores de diputados aliados van de 4 a 10 años— si la mentira se comete deliberadamente en causas vinculadas a:
    • Violencia de género.
    • Delitos contra la integridad sexual (abusos).
    • Procesos que involucren a niños, niñas y adolescentes.
  • Conflictos familiares: Se penaliza con fuerza si la denuncia falsa se utiliza como estrategia procesal para obstruir o cortar el vínculo familiar de un menor con uno de sus progenitores.

Las dos posturas en pugna

El proyecto divide las aguas de manera tajante, generando un intenso lobby de ambos lados de la discusión:

A favor: «Destruirle la vida a un inocente hoy es gratis»

Los sectores que defienden la ley (asociaciones de padres impedidos de ver a sus hijos, abogados penalistas y sectores afines al gobierno) argumentan que el sistema judicial actual desprotege al acusado. Sostienen que una acusación falsa de abuso o violencia destruye la reputación, la carrera y la psiquis de una persona de forma inmediata, mientras que para quien miente no hay consecuencias reales debido a las bajas penas vigentes. Buscan que la ley funcione como un freno inhibitorio.

En contra: «Es una herramienta de amedrentamiento»

Desde el arco de organizaciones feministas, de derechos humanos (como la APDH) y asociaciones de magistrados, la resistencia es total. Su argumento principal se basa en estadísticas oficiales de los Ministerios Públicos Fiscales, que señalan que las denuncias falsas representan un fenómeno marginal (menos del 1% del total de causas). Advierten que elevar estas penas creará un «efecto inhibitorio o de silenciamiento»: las verdaderas víctimas de violencia o abuso podrían no denunciar por miedo a ir presas si no logran reunir las pruebas suficientes para demostrar el delito.