Denunció 45 veces a su ex por abuso

El caso que mencionás es real, ocurrió en la provincia de Córdoba, Argentina, y se convirtió en uno de los emblemas y antecedentes más citados por quienes impulsan la necesidad de regular y castigar las denuncias falsas en los ámbitos de familia.

La protagonista de este hecho es Florencia de los Ángeles López, quien fue imputada, juzgada y finalmente condenada por la justicia cordobesa tras comprobarse que había armado una red sistemática de mentiras contra su expareja.

A continuación, los puntos clave de cómo se desarrolló este insólito caso:

El «raid» de denuncias

López llegó a interponer 45 denuncias ante la Unidad Judicial de Violencia de Género y Familiar en la ciudad de Córdoba. Las acusaciones variaban en gravedad e incluían:

  • Supuestos abusos sexuales y agresiones físicas hacia ella.
  • Violaciones de las órdenes de restricción de acercamiento (perimetrales).
  • Amenazas de muerte reiteradas.

Cada denuncia implicaba la activación automática de protocolos de seguridad del Estado: el otorgamiento de botones antipánico, custodias policiales y la apertura de nuevas causas penales que obligaban a su exesposo a defenderse constantemente en los tribunales.

Cómo se descubrió la verdad

La cantidad desproporcionada de denuncias encendió las alarmas del Ministerio Público Fiscal. Un análisis exhaustivo del cruce de datos y de las pruebas tecnológicas terminó por desmoronar el relato de la mujer:

  • Las antenas de celular y el GPS: Los peritajes de las líneas telefónicas y los registros de geolocalización demostraron que en los días y horarios en los que ella afirmaba que el hombre la estaba acosando o violando la perimetral, su exesposo se encontraba trabajando en lugares completamente alejados de su domicilio.
  • Contradicciones en los peritajes: Los informes médicos y psicológicos forenses no guardaban coherencia con las declaraciones que ella ampliaba ante las fiscalías.
  • El móvil: Los investigadores concluyeron que el objetivo detrás del aluvión de denuncias era utilizar al aparato estatal como una herramienta de hostigamiento para impedir que el padre pudiera revincularse y ver al hijo que tenían en común.

La condena judicial

La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba determinó que la mujer había actuado con dolo e intencionalidad, utilizando los recursos de la justicia de género de manera instrumental y maliciosa.

Fue condenada a una pena de prisión en suspenso tras ser hallada culpable de los delitos de falsa denuncia y falso testimonio agravado en forma continuada. Además, el tribunal penal ordenó que se le impusiera un tratamiento psicológico obligatorio y que la justicia de familia interviniera con urgencia para revisar y garantizar el régimen de visitas del padre con el menor.