Falsas denuncias

El Congreso de la Nación mantiene un debate sumamente intenso y polarizado en torno a un proyecto de ley para endurecer los castigos por falsas denuncias, impulsado principalmente por la senadora Carolina Losada (UCR) y respaldado por sectores del oficialismo (La Libertad Avanza) y el PRO.

El proyecto obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, lo que aceleró la discusión pública y legislativa, desatando fuertes cruces políticos, judiciales y sociales.


El Proyecto de Ley: ¿Qué propone?

La iniciativa busca modificar el Código Penal argentino para castigar con mayor severidad a quienes realicen denuncias falsas, especialmente en contextos de derecho de familia, violencia de género y abuso infantil.

  • Aumento de penas: Se propone elevar las escalas penales vigentes (que hoy se rigen bajo figuras laxas de falsa denuncia o falso testimonio) para tipificarlo de forma más específica.
  • Requisito de Dolo: El texto establece que para que se aplique la pena debe haber un dolo comprobado. Es decir, se debe demostrar judicialmente que la persona denunció sabiendo de antemano que los hechos eran falsos y con la intención deliberada de perjudicar al acusado.
  • El argumento a favor: Quienes defienden la ley (como el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y diversas ONG de padres impedidos de ver a sus hijos) sostienen que las «denuncias instrumentales» existen, y que son utilizadas estratégicamente en litigios de divorcio o tenencia para destruir reputaciones, romper vínculos familiares y dilatar procesos judiciales.

La controversia y los argumentos en contra

El proyecto enfrenta una fuerte resistencia por parte de sectores de la oposición (como Unión por la Patria), colectivos feministas, especialistas en niñez y organismos de derechos humanos. Los puntos centrales del rechazo son:

  • El informe estadístico de los Ministerios Públicos: El Observatorio de las Violencias de Género del Consejo Federal de Política Criminal presentó un relevamiento (con datos de 17 jurisdicciones del país). El informe reveló que, del total de causas penales, las falsas denuncias representan apenas el 0,09%, y que el 86% de ese porcentaje marginal corresponde a conflictos patrimoniales, vecinales o laborales, no a violencia de género.
  • Efecto inhibitorio: Quienes se oponen argumentan que la ley generará un «efecto de silenciamiento» (chilling effect). Sostienen que agravar las penas infundirá miedo en las víctimas reales (y en los psicólogos o profesionales que deben denunciar abusos intrafamiliares), desalentando las denuncias por temor a terminar tras las rejas si las pruebas no resultan suficientes para una condena.
  • Advertencias internacionales: Se ha puesto sobre la mesa que comités internacionales, como el CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer), recomendaron al Estado argentino no avanzar con reformas que siembren una sospecha generalizada sobre la palabra de las víctimas.

Judicialización del debate

La tensión escaló a tal punto que el debate saltó del Congreso a los tribunales. Un grupo de referentes de derechos humanos y juristas (entre ellos el exjuez Carlos Rozanski y Dora Barrancos) presentaron una denuncia penal contra la senadora Carolina Losada. La acusan de promover una iniciativa que, según ellos, criminaliza a las víctimas de abuso y protege de manera indirecta a los agresores. Por su parte, los defensores del proyecto denuncian este movimiento como un intento de censura y persecución ideológica.

El Congreso enfrenta el complejo desafío técnico y político de encontrar un equilibrio: cómo evitar que los procesos judiciales se utilicen como herramientas de daño personal o patrimonial, sin desproteger ni desincentivar a quienes sufren violencia de género o abuso sexual en el país.