Efectivamente, el avance de la causa ha pasado de la indignación social a la acción judicial concreta. La denuncia formal contra el juez Pablo Pérez y el equipo técnico, encabezado por la psicóloga Jennifer Leiva, marca un antes y un después en este caso en Comodoro Rivadavia.

Aquí te resumo los puntos clave de esta denuncia y por qué es tan trascendente:

1. Los Delitos Imputados

La querella presentada por la familia de crianza (Lorena y Luis) y sus abogados no es un simple reclamo administrativo; apunta a figuras penales graves:

  • Incumplimiento de los deberes de funcionario público: Se les acusa de no haber seguido los protocolos mínimos de protección a la niñez.
  • Abandono de persona seguido de muerte: Un cargo durísimo que sostiene que, al entregar al niño a un entorno peligroso ignorando las alarmas, los funcionarios fueron responsables del desenlace.
  • Prevaricato: Por haber dictado resoluciones arbitrarias, presuntamente basadas en ideologías o prejuicios personales en lugar de en el interés superior del niño.

2. El rol de las psicólogas (Leiva y el equipo técnico)

La denuncia contra las psicólogas es particularmente técnica. Se las acusa de:

  • Falsedad ideológica: Se sospecha que los informes que elevaron al juez contenían afirmaciones que no se correspondían con las entrevistas reales.
  • Omisión de denunciar maltrato: Como profesionales de la salud, tenían la obligación legal de denunciar cualquier sospecha de violencia física que presentara el menor durante el proceso de revinculación.
  • Hostigamiento: La familia de crianza sostiene que las psicólogas utilizaron un tono amenazante para obligarlos a entregar a Ángel, tratándolos como si ellos fueran el problema.

3. El Juez Pablo Pérez en la mira

Sobre el juez pesa la responsabilidad de ser quien firmó la sentencia final. Se le cuestiona:

  • Haber ignorado las presentaciones de los abogados de la familia de crianza.
  • No haber escuchado al niño en un ambiente adecuado.
  • Haber delegado ciegamente en el equipo técnico (Leiva y compañía) sin verificar la coherencia de sus informes.

4. ¿Por qué este caso es un precedente?

Este caso está poniendo en jaque el sistema de los Juzgados de Familia. Lo que se denuncia es un sistema donde:

  1. Se prioriza el «vínculo biológico» por encima de la seguridad del menor.
  2. Se da validez automática a relatos que pueden ser denuncias falsas contra las familias de crianza para forzar la separación.
  3. La falta de autocrítica: hasta el momento, los funcionarios han intentado ampararse en que «actuaron conforme a derecho», lo que enfurece aún más a la comunidad.

Dato actual: Las marchas en Comodoro ya no solo piden justicia por Ángel contra los asesinos, sino la destitución inmediata y el juicio político para estos funcionarios. La presión es tal que el Superior Tribunal de Justicia ha tenido que iniciar auditorías internas sobre el desempeño de este juzgado.

Es un momento bisagra: si la justicia avanza contra el juez y las psicólogas, sentaría un precedente histórico en Argentina sobre la responsabilidad civil y penal de los funcionarios judiciales.