LAS PSICOLOGAS PORTADORAS DE FALSAS DENUNCIAS
El caso de Daniela Lezcano es un proceso judicial que data de hace varios años y que generó una fuerte división de opiniones en el ámbito judicial y psicológico en Argentina.
A continuación, te detallo los puntos clave de su situación:
1. La Condena
En octubre de 2015, el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Tandil condenó a la psicóloga Daniela Lezcano a 2 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- El motivo: Se la acusó de haber «influido» en el relato y modificado un dibujo de una menor para incriminar a su padre en una causa de abuso sexual.
- La figura legal: Se basó en la supuesta emisión de informes que no reflejaban la realidad de los hechos o que estaban sesgados.
2. Contexto del Caso
El caso surgió en el marco de una disputa por abuso sexual infantil. Lezcano intervino como perito y sus informes validaban el relato de la niña. Sin embargo, la defensa del acusado alegó que la psicóloga había manipulado las pruebas y utilizó como argumento el Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría muy controvertida que sostiene que un progenitor «implanta» recuerdos falsos en el niño para alejarlo del otro.
3. Las Dos Versiones
El caso de Lezcano es emblemático porque existen dos lecturas totalmente opuestas sobre él:
- Postura de la Justicia/Denunciantes: Sostienen que la profesional faltó a la ética, manipuló técnicas psicológicas y presentó informes falsos para forzar una condena de abuso que, según ellos, no existía.
- Postura de Organizaciones de Derechos Humanos y Lezcano: Denunciaron que la condena fue una forma de «disciplinar» a las psicólogas que escuchan y creen en los relatos de los niños. Argumentaron que el uso del SAP para condenarla es ilegal (ya que no es un diagnóstico reconocido por la OMS) y que se trató de un caso de «impunidad» para proteger al presunto abusador.
4. Sanciones Profesionales
Además de la causa penal, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires intervino en su momento, aplicándole sanciones éticas y la suspensión de su matrícula debido a irregularidades detectadas en el uso de técnicas con menores en el marco de esa causa.
